Daños causados

Durante los 6 meses (noviembre 2015 – abril 2016) en los que la Comisión trabajó ad honorem para buscar la justicia y la reconciliación —cuyo requisito sine qua non es el conocimiento de la verdad—, recibieron a decenas de personas, entre las víctimas —no todas—(1) y quienes fueron a dar su testimonio. Las entrevistas están registradas en vídeo —con la autorización debida en cada caso—. El trabajo realizado fue muy serio y fue hecho dentro del marco no solo de la caridad cristiana sino con el aporte profesional de sus miembros:

Dr. Manuel Sánchez Palacios
ABOGADO
Preside la Comisión. Es abogado, ha sido Presidente del Jurado Nacional de Elecciones y distinguido ex Vocal de la Corte Suprema de la República.

Dra. Rosario Fernández Figueroa
ABOGADA
Ha sido Presidenta del Consejo de Ministros y Ministra de Justicia.

Mons. Carlos García Camader
OBISPO
Obispo de Lurín, ha sido Director de Pastoral de la Arquidiócesis de Lima y Rector del Seminario Mayor Santo Toribio de Mogrovejo.

Dra. Maita García Trovato
MÉDICO CIRUJANO PSIQUIATRA
Médico Cirujano con especialización en Psiquiatría, ha sido Directora General del Instituto Nacional de Salud Mental e integrado la Comisión del Ministerio de Salud que investigó y denunció los abusos cometidos en la ejecución del Programa de Anticoncepción Quirúrgica.

Sr. Miguel Humberto Aguirre
PERIODISTA
Ha sido coordinador general, director de internet y actualmente es Director del Compromiso del Grupo RPP.

Estos personajes eran probos en sus labores y de un comportamiento ético intachable en la sociedad peruana. Si el SCV hizo tan buena elección con los integrantes de la Comisión, ¿por qué no aceptó sus resultados y decidió contratar a “expertos internacionales”? Porque, al momento de conformar dicha comisión, para asegurar un resultado favorable al SCV, les ofrecieron más de US$ 200.000 por el trabajo que realizarían y ellos, viendo que esto comprometería seriamente la veracidad e imparcialidad de las investigaciones y ulterior juicio sobre lo sucedido, rechazaron el dinero de la institución y decidieron claramente trabajar ad honorem, sin ningún tipo de presión.

Desde ese momento, el SCV puso en cuestión a la Comisión y su trabajo. Además, habría emprendido la búsqueda de los mencionados expertos internacionales —que debieron costar una fortuna en honorarios— y que alojaron en los hoteles más caros de Lima —me reuní con dos de ellos en el Westin y Miraflores Park Hotel respectivamente—. Asimismo, tan pronto salió el informe final, Alessandro Moroni —superior general—y otros personajes importantes como el padre Juan Carlos Rivva —párroco de Nuestra Señora de la Reconciliación y vicario episcopal de la Arquidiócesis de Lima— utilizaron las redes sociales para mostrar su desacuerdo con lo mencionado en dicho informe, por considerar que este daba una imagen parcial o recortada de la realidad del SCV, al mostrar “solo” aspectos negativos. Ojo, no negaron los hechos descritos sino la ausencia de elementos positivos de la organización. Ambas cosas —el pronto establecimiento de una nueva comisión de expertos internacionales y la pronta opinión negativa de las autoridades— son aspectos razonables para confirmar el descontento con la Comisión desde que esta empezó a trabajar.

El informe PROFESIONAL realizado por la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación, como TODOS pueden ver, determina, entre otras cosas, los daños que han sufrido las víctimas de Figari y del SCV. Este es uno de los puntos incómodos para la institución: no solo son Figari, Doig, Murguía, Daniels y alguno más, sino es el SCV mismo y su constitución jerárquica y disciplinar, la que perpetua los abusos señalados en el mencionado informe y reiterados en el informe de especialistas contratados. Ese detalle es fundamental, porque, según la Comisión, la institución tiene que reformarse desde sus raíces, mientras que, según los expertos internacionales CONTRATADOS por el SCV, solo tiene que tomar medidas correctivas. Entre ambos juicios hay una distancia importante y, aunque no sea evidente para todos, que implicaría muchas expulsiones y que sería económicamente muy costosa.

Además de lo señalado, se debe destacar que la Comisión de Ética realiza, junto al informe universal y público, informes PERSONALES que contienen recomendaciones hechas por los integrantes de dicha Comisión para que el SCV sea JUSTO con cada una de las víctimas, de manera PERSONAL y dentro de un marco legal cuidadosamente discernido por especialistas PERUANOS que conocen la legislación nacional, que conocen al SCV y las muestras tibias en relación a la aplicación de la justicia, que conocen el derecho canónico, que comprenden aspectos de la realidad nacional que agravan los crímenes cometidos por varios miembros del SCV, entre otros elementos favorables a un juicio objetivo y justo. Sin embargo, las conclusiones de la investigación realizada por los expertos internacionales solo se conocen en su aspecto público y universal, las víctimas NUNCA recibimos un informe o conclusión personalizada de dichos especialistas ni supimos los criterios con los que se determinaron las reparaciones que se asignaron a las víctimas, todo eso quedó entre el SCV y sus expertos.

La justicia, en su más elemental definición, implica “darle a cada quien lo que le corresponde” y quien determina el parámetro de justicia NO puede ser quien cometió el crimen, en este caso, el SCV. Lo que ha sucedido en este caso, a vista y paciencia de la sociedad civil y la Iglesia Católica, es que el SCV unilateralmente tomó decisiones PRIVADAS sobre qué hacer con las víctimas. Hizo uso de la justicia peruana para proteger a la institución de cualquier demanda posterior que pudiesen hacer las víctimas, mas no para actuar con justicia.

La negación de la Comisión llegó hasta tal punto que uno de los miembros el Consejo Superior del SCV en el momento en que se entregaron los informes —el mío lo recibí el 19 de abril de 2016—, manifestando la mejor de las intenciones para “ayudarme” —hasta ahora, los sodálites consideran que “ayudan” a las víctimas, las palabras “justicia” o “deuda de justicia” son impronunciables para ellos— me preguntó que podía hacer por mí, yo le respondí “respeten el informe de la Comisión”, a lo cual él me respondió “estos no sirven para nada porque son todos iguales”. Lo dijo con tal convencimiento que me hizo dudar y me comuniqué inmediatamente con uno de los miembros de la Comisión, a pesar de que el informe individual contiene elementos que son estrictamente personales, y le pregunté si eran todos iguales; la respuesta, como pueden imaginar, fue que no eran iguales sino que contenían un marco legal semejante dependiendo de los casos. Además, se me aclaró que mi caso es uno de los más graves —el tercero de todos los vistos— incluyendo todos los tipos de abuso.

Me tomé la molestia de llamar al sacerdote sodálite, miembro del Consejo Superior, que me había dicho que todos los informes individuales eran iguales, para decirle que, con certeza absoluta, esto no era así. Dicho sacerdote solo me otorgó su silencio. No dijo más.

Di a la Comisión tres testimonios —dos por escrito y uno personalmente— y ellos me acogieron, como nadie lo había hecho antes, me comprendieron, se compadecieron conmigo y determinaron que el SCV había truncado mi proyecto de vida, como le sucedería a un joven de 17 años lleno de sueños y expectativas, que sufre un terrible accidente que le imposibilita llevar una vida normal por el resto de su vida, le impide realizar sus sueños y lo obliga a adaptarse a una serie de límites impuestos por el infortunio. El cruel accidente que yo viví se llama SODALICIO DE VIDA CRISTIANA. Muchos lo saben, lo reconocen y hasta limpian las lágrimas de sus ojos con pañuelos manchados de hipocresía, como Alessandro Moroni, quien me dijo claramente que el SCV había sido injusto conmigo pero que no podían ser justos porque NO TIENEN recursos materiales para obrar en justicia.

Otro absurdo más: la falta de recursos económicos del SCV es un límite para la justicia. JAMÁS se ha oído tamaña patraña, que el victimario tenga como límite su liquidez económica subjetiva —ni siquiera real—. En el mundo normal, el de los seres humanos, cuando uno debe paga y si no tienes efectivo, lo vendes todo y pagas, más aún si tienes tanto como el SCV.

Los daños físicos, psicológicos, espirituales y morales son en algunos casos —como el mío— tan graves que imposibilitan para insertarse a la vida civil de manera normal, limitan tremendamente la realización de un proyecto de vida digno, ponen en cuestión los valores más grandes y producen dolores muy profundos. Yo no dejo de tener pesadillas por lo vivido en el SCV durante más de 21 años, a pesar de haber dejado la institución hace más de 4 años, solo por mencionar algo. Como el drama que vivimos las víctimas es interior y profundo, muchos no lo ven y, como no es evidente para ellos, no lo creen y, como no creen, no hacen nada por ayudarnos a recibir justicia por parte del SCV.

 

(1) Cuando se formó la Comisión, la desconfianza hacia el SCV era grande y, por ello, se sospechó que esta comisión no sería nada más que un “saludo a la bandera” y que no serviría para nada. Además, Mons. Carlos García había celebrado algún 8 de diciembre y presidido otras ceremonias para el SCV y la “familia espiritual”; y, Miguel Humberto Aguirre, vinculado al entorno de RPP, cadena de noticias que se mostró muy cautelosa en aceptar la verdad de las acusaciones en contra de Figari y el SCV cuando todo estalló con la publicación de Mitad monjes, mitad soldados. Recordemos, también, que Pedro Salinas mostró públicamente su escepticismo con la formación de esta comisión, algo de lo cual se retractó al leer el informe final que esta publicó.

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